Todo lo que debes saber del Real Decreto 665/2023 sobre el control de aguas subterráneas en España
La gestión del agua en España está en constante evolución para adaptarse a nuevas necesidades ambientales, tecnológicas y sociales. A veces es complicado poder estar al día de toda la documentación de tu sector y, cuando debes revisar, es difícil encontrar una guía. En este blog explicamos de manera clara y didáctica la legislación activa sobre el control y protección de las aguas subterráneas, en línea con la Ley del Agua y los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTRR).
¿Qué es el Real Decreto 665/2023?
El RD 665/2023 modifica tres normativas clave:
- Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH, RD 849/1986)
- Reglamento de la Administración Pública del Agua (RAPA, RD 927/1988)
- Real Decreto 9/2005 sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo
Su objetivo principal es regular las actividades que puedan afectar la calidad del recurso, garantizar la seguridad de los acuíferos y proporcionar herramientas de gestión a empresas, administraciones y usuarios. La ley contempla obligaciones específicas para quienes desarrollan actividades potencialmente contaminantes, así como procedimientos para la monitorización y control de las masas de agua subterránea.
Obligaciones y regulaciones principales
1. Control de vertidos y actividades potencialmente contaminantes
El RD 665/2023 regula las actividades que pueden afectar a las aguas subterráneas, incluyendo la agricultura, la industria y la extracción de recursos. Las personas o entidades responsables de estas actividades deben registrarlas y mantener un seguimiento riguroso, documentando el uso de sustancias como fertilizantes, pesticidas o productos químicos que puedan filtrarse al subsuelo.
Ejemplo: Una granja o industria química tiene la obligación de registrar el uso de productos que puedan impactar acuíferos cercanos y garantizar que no se superen los límites de contaminación establecidos.
2. Gestión administrativa y digitalización
La normativa establece que los permisos, registros de vertidos y resultados de análisis deben mantenerse de manera organizada y accesible, promoviendo el uso de plataformas digitales que faciliten la gestión de la información. Esto permite a empresas y autoridades acceder a datos fiables para la toma de decisiones, así como cumplir con los requisitos de transparencia y trazabilidad.
3. Protección de masas de agua subterránea
Se definen medidas preventivas y límites de calidad para proteger los acuíferos de contaminantes como nitratos, metales pesados o compuestos químicos peligrosos. Además, obliga a la implementación de planes de vigilancia periódicos, para asegurar que la calidad del agua se mantiene dentro de los estándares legales.
Ejemplo: Los gestores de un municipio con pozos de agua potable deben realizar análisis regulares de parámetros como nitratos y documentar cualquier desviación respecto a los límites legales.
4. Uso sostenible y conservación de recursos
El decreto fomenta prácticas de gestión que promuevan la sostenibilidad, como la eficiencia hídrica, la reutilización del agua y la protección de ecosistemas subterráneos. Su aplicación asegura que las aguas subterráneas puedan seguir siendo una fuente segura y confiable para consumo, agricultura e industria.
Implicaciones para distintos actores
- Empresas agrícolas e industriales: Deben garantizar el control de vertidos, la correcta gestión de productos químicos y el registro de sus actividades.
- Autoridades locales y gestores de agua: Son responsables de implementar planes de vigilancia, controlar la calidad de los acuíferos y mantener registros actualizados.
- Ciudadanos y consumidores: Se benefician de un acceso más transparente a la información sobre la calidad del agua subterránea y la seguridad de los recursos.
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El Real Decreto 665/2023 fortalece el control y la protección de las aguas subterráneas en España, promoviendo la sostenibilidad, la digitalización y la transparencia en la gestión del recurso. Conocer sus implicaciones es clave tanto para profesionales del agua como para empresas que puedan generar impactos sobre los acuíferos.
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